SANTO DOMINGO. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dio a conocer hoy su informe anual Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2023.
En este informe recomienda que “ante los desafíos de dinamizar el crecimiento y hacer frente al cambio climático es esencial potenciar la inversión pública y privada.
Indica que la inversión pública en la región es baja en comparación con las economías avanzadas, e incluso respecto de otras regiones en desarrollo y explica que este reducido nivel de inversión se ha traducido en un acervo de capital público —infraestructura—insuficiente para dinamizar el crecimiento económico y promover el desarrollo productivo”, resalta el informe de la CEPAL.
Señala que los impactos macroeconómicos del cambio climático podrían ser muy significativos para los países de la región y que las estimaciones que se presentan en este informe indican que, en 2050, el PIB de un grupo de seis países podría ser entre un 9% y un 12% menor que el correspondiente a un escenario de crecimiento tendencial, si no se hacen las inversiones para compensar los choques climáticos.
Destaca que el volumen de inversión adicional requerido es excepcionalmente grande, entre 5.3% y el 10.9% del PIB por año, lo que representaría un aumento significativo en comparación con los niveles actuales de inversión.
Sin embargo, la CEPAL resalta que la capacidad de invertir dependerá tanto del acceso al financiamiento, como del costo de este. “Se requiere aumentar considerablemente el financiamiento concesional que permita sostener las trayectorias de la inversión en el tiempo.
En tal sentido, expresa que estos esfuerzos deben acompañarse de políticas macroeconómicas internas que favorezcan la movilización de recursos”, planteó José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL.
Finalmente el informe también advierte que para enfrentar los efectos macroeconómicos del cambio climático se requerirá de esfuerzos nacionales, regionales y globales en cuatro ámbitos principales: 1) Espacio fiscal, mediante el aumento de la recaudación y progresividad de la estructura tributaria, gasto público verde y acceso a nuevos mecanismos de financiamiento, como los bonos temáticos; 2) Manejo de riesgos financieros y cambiarios a través de la política macroprudencial; 3) Movilización de financiamiento concesional y banca de desarrollo, para profundizar el financiamiento climático, a través de bancos de desarrollo multilaterales, regionales y nacionales y fomentar los flujos de ODA (Ayuda Oficial para el Desarrollo, por sus siglas en inglés) para combatir el cambio climático; y 4) Mecanismos de alivio de la deuda, como el establecimiento de mecanismos institucionales para su restructuración, y la inclusión de cláusulas vinculadas a desastres y huracanes, y cumplimiento de metas climáticas.
