SANTO DOMINGO. La República Dominicana tiene un sistema tributario bastante cargado de impuestos, los cuales son responsables de más del 90% del total de ingresos corrientes que percibe el país.
Estos tributos son: el famoso 18% de ITBIS o IVA (Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios), el cual representa alrededor del 35% de las recaudaciones tributarias.
Luego le sigue el Impuesto sobre la Renta (ISR), que tiene una tasa de 27% para las empresas y éste aporta aproximadamente el 31.3% del total de ingresos tributarios.
En el mismo orden, está el Selectivo al Consumo, el cual tiene varias tasas que se aplicarán dependiendo del producto o servicio. Éstas van desde 1.5 por mil hasta un 20% y generan cerca de un 19% de los ingresos impositivos.
También está el Impuesto a los Vehículos de Motor, el cual incluye varias tasas y montos específicos que dependerán del servicio que se requiera. Éste significa un 2.4% del total de los impuestos.
Además, en menor proporción, pero con significativos aportes, también está: el Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) con una tasa de 1% sobre el excedente del monto exento que es de RD$8,138,353.26.
Y por último están: el Impuesto sobre las Donaciones con una tasa igual al ISR de 27% y el Impuesto sobre las Sucesiones con una tasa de un 3%.
Estos impuestos permitieron una recaudación de unos 610 mil millones de pesos en 2019, es decir, menos de un 14% del producto interno bruto (PIB). Se toma en cuenta el 2019 porque fue el último año normal, previo a la pandemia.
Esa cantidad de recursos no es suficiente para que las autoridades puedan ofrecer todos los bienes y servicios que demanda la población dominicana, razón por la cual el Gobierno acude a financiamientos externo e interno.
Cuando el promedio de la presión tributaria (impuestos cobrados como porcentaje del PIB) en América Latina es superior al 20%, en República Dominicana solo se cobra el 14%, por lo que las autoridades tienen el gran reto de incrementar este indicador sin afectar demasiado a los ciudadanos.
Es un real desafío porque todavía hay serias dificultades en la economía, debido a los efectos de las medidas de confinamiento lanzadas por el gobierno en marzo de 2020 para evitar el incremento de los contagios de Covid-19.
Estas medidas obligaron a la mayoría de las empresas a permanecer cerradas y, por esa razón, hubo muchos despidos.
Todavía al día de hoy, aunque ya casi todos los sectores productivos están en marcha, hay empresas que no se han afianzado bien y personas que no han recuperado sus empleos.
Este escenario, de menor incertidumbre porque ya está avanzando con vacunación contra el Covid-19, hace que el Gobierno tenga que postergar su decisión de realizar una reforma fiscal, para evitar reacciones parecidas a las de Colombia cuando intentaron aumentar los impuestos.
