La idea y la necesidad de realizar una reforma fiscal integral en la República Dominicana no surgen en esta administración, pero ahora sí es impostergable.
No se puede seguir aplazando por varias razones, sin embargo, la más importante de todas se debe a que la nueva gestión, encabezada por Luis Abinader, urge de más recursos para poder materializar con éxito su programa de gobierno y así cumplir su compromiso con el pueblo.
Con una presión fiscal de 14%, como la existente actualmente en el país, es casi imposible satisfacer las demandas de la población en áreas vitales como la salud, educación, energía y transporte, sin tener que incurrir, cada vez que se formula el Presupuesto General del Estado, en elevados déficits.
Las recaudaciones tributarias representan alrededor del 95% de los ingresos de la República Dominicana y desde hace varios años éstas son, significativamente, inferiores a la ejecución del gasto, lo cual se traduce en déficit y deuda pública que debe ser pagada por la población.
Para corregir ese círculo vicioso, en la Ley 1-12, que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), se ordenó la aprobación de un pacto fiscal, que debió estar listo antes del 2015 y ya vamos por el 2021 y aún no se ha empezado.
Y aunque en la END se programó que para el 2020 la República Dominicana debería haber alcanzado unos ingresos tributarios por encima del 19% del producto interno bruto (PIB), lo cierto es que todavía, en el 2021, las recaudaciones no llegan al 15% del citado indicador.
Esta situación fiscal, también, ha sido preocupación de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los cuales han advertido, en varias ocasiones, sobre la necesidad de que el país se aboque a la realización de una reforma tributaria.
Por estos motivos, y con el incremento de las demandas sociales que se generaron a raíz de la pandemia, es que más temprano que tarde, República Dominicana tendrá que aprobar la odiosa reforma fiscal.
